Archivos para 18 julio 2018

Equidad.


Una de las cosas que más me preocupan de la ecología política es lo deprisa que se anuncian medidas fiscales para sancionar la no recuperación, la no reutilización y el no reciclaje, es decir: medidas fiscales que sancionen o compensen económicamente la inversión de los poderes públicos parar hace frente al gasto contaminante, los vertidos o la mala separación y gestión de los residuos.

Me preocupa sobre todo porque vivimos en un país donde se ha perdido una de las más grandes (quizá la única) conquistas de la socialdemocracia: la progresividad fiscal. En España la carga fiscal está muy mal repartida; casi se puede decir que está malévolamente repartida. Tras la infame reforma de Montoro, las rentas del capital tributan un 20%, muy por debajo de las rentas más altas del trabajo, cuyo tramo alto llega al 48%. Pero es que además días antes de la moción de censura que  le desalojó del sillón azul, las rentas medias se disponían a sufrir una subida generalizada de impuestos que no afectaría a las grandes fortunas ni a las plusvalías generadas por las SICAV ni por la gran banca.

Esta es la parte visible. La invisible es la increíble cifra generada por los impuestos más insolidarios, injustos y perniciosos para la cohesión social: los impuestos indirectos y las tasas en la sombra. Estos impuestos no son progresivos, sino todo lo contrario. Son impuestos que paga todo el mundo por igual: el rico y el pobre, la mujer trabajadora y la jubilada. Como el peaje de las autovías, la tarifa es la misma para un diésel que para un híbrido, para un SUV o un 4×4 que para un utilitario.

La visión general de este panorama es muy simple: no solo no paga más quien más gana, sino que quienes pagan más son los que están en el medio de todo: los de mediana edad, los de sueldo mediano, los que viven en una casa o piso mediano, los van de vacaciones a un apartamento mediano en un coche de gama media. Y los pobres, claro, como siempre.

En este contexto, los partidos ecologistas han elegido la prisa y no la progresividad en el tiempo y en el dinero para tomar medidas muy necesarias para luchar contra el cambio climático. Quiero decir que la necesidad es innegable, pero las medidas no tienen por qué ir a esa velocidad ni despreciar el tejido fiscal y social del país.

Así, si acaban  los peajes proponemos una tasa por contaminación y mantenimiento de la vía; contra la masificación turística, antes que el cambio de modelo sol/playa/borrachera, proponemos e implantamos la tasa turística; contra la mala gestión de residuos, tasas y multas; contra la movilidad metropolitana mal planificada proponemos un peaje de entrada en las ciudades y la prohibición de circular a vehículos con motor térmico tradicional. Todo eso lo paga todo el mundo sin distinción de ingresos.

Pero hay más: en este tejido fiscal y frente a los problemas ambientales nos comportamos como ricos terratenientes que abren un poquito la mano con sus esclavos. A los millones de personas a los que se (nos) dijo que el diésel era un motor más eficiente, con menor consumo y por tanto que contaminaba menos –y lo dijeron los poderes públicos en santa alianza con los fabricantes del automóvil—les vamos a poner una tasa de circulación, a prohibir que entren en el centro de las ciudades y a… ¡regalarles un abono transporte. Porque, claro, los que tendrán derecho a circular por esas ciudades serán los que se puedan gastar entre treinta y cinco y ciento cuarenta mil euros en un coche eléctrico. O podrán usar el abono transporte gratuito quienes vivan en zonas de alto censo electoral y disfruten de alternativas de transporte público y colectivo que muchas zonas metropolitanas no tienen. Y sobre las bicicletas… pues hay varias cosas: Tomemos el ejemplo de Madrid: en lugar de ponerse en la periferia de las ciudades, fuera del anillo de la m-30 y cerca de aparcamientos e intercambiadores con buenos carriles bici, BiciMarid se hizo –como todo—del centro hacia afuera. Además, Madrid no es Ámsterdam, donde las colinas más altas son los resaltos de reducción de velocidad de la calzada. Y la población Madrileña tiene una media, descontando la población universitaria flotante, de 56 años. Y no precisamente con el cuerpo de Contador.

Pero hay más: pagará más quien más basura genere porque hemos trasladado el principio industrial a la ciudadanía: que pague más quien más contamina. Vale. Es decir, que nuestro millenial de 31 años soltero y profesional liberal (que tiene coche eléctrico de 75.000€, bicicleta eléctrica de 3.000 y vive en un loft de 75 metros cuadrados en el centro) va a pagar mucho, mucho menos que una madre soltera en paro o con empleo precario con tres hijos y una madre a su cargo.

No podemos ser ajenos al cuidado de las personas. No podemos castigar a quien no lo merece. No podemos hacer de la ecología una madrastra vigilante y sancionadora que va a poner las pilas a los de siempre. No podemos ser eco-pijos que se sienten con la capacidad de despreciar la realidad social que está, también, en la base de las prácticas contaminantes. Como ocurre a nivel global, son los pobres (los países y las personas) los que más contaminan. Y no parece que la solución tenga que ser castigar a los pobres (países y ciudadanía) por un pecado global que han generado los que se pueden permitir ser como queremos nosotros que hay que ser.

Más vale que nos pongamos a pensar cómo ser equitativos. Si no es así, yo me bajo.

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